Alisson mira fijamente a la cámara. Está de pie con las manos a los costados, el rostro de perfil y su sonrisa de lado, tiene una playera blanca con figuras de colores pastel y se ve el tirante morado de una mochila. A dicha imagen le añadieron unas alas de ángel y la convirtieron en una postal para exigir justicia por su feminicidio cuando tenía 2 años y 3 meses de edad: su padrastro y mamá están detenidos por el delito. 

El 24 de marzo de 2020, en plena pandemia por Covid-19, fue encontrada muerta en la casa donde vivía con Daniela, su mamá y Víctor, su padrastro. Las investigaciones de las autoridades determinaron que Alisson tenía marcas de violencia física y sexual, y estaba desnutrida, confirmando que su muerte no fue un accidente, como lo habían asegurado los detenidos.

La memoria de Alisson está en el limbo de la injusticia. Han pasado casi 2 años desde el tercer martes de marzo del 2020 cuando un grupo de paramédicos particulares recibió la llamada de una mujer llamada Daniela, quien les dijo que su hija tenía un problema y que necesitaba que fueran a su casa a auxiliarla. Cuando la ambulancia llegó, encontraron a la pequeña desnuda, a orilla de la cama, ya sin signos vitales; también se percataron de que en el cuerpo de Alisson había marcas de maltrato físico: tenía varios moretones y heridas. 

De inmediato, la llevaron a un hospital de la ciudad de Puebla, a pocos minutos de su domicilio, donde los doctores confirmaron que la bebé ya estaba muerta. La causa oficial del fallecimiento fue “traumatismo abdominal por un objeto cerrado”, lo que significaba que recibió al menos un golpe muy fuerte y que, posiblemente, este no era resultado de una caída.

Cuando la ambulancia llegó, se percataron de que en el cuerpo de Alisson había marcas de maltrato físico: tenía varios moretones y heridas.

La trabajadora social que estuvo a cargo de recibir a Alisson Gabriela se dio cuenta de las numerosas marcas de violencia en el cuerpo de la niña y decidió avisar del hallazgo a las autoridades. Así, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para buscar la verdadera causa de la muerte de la bebé. En ese momento, empezó la alarma ante las contradicciones en las declaraciones de Daniela y Víctor. Por ejemplo, comentaron que la niña se había caído y golpeado en la cabeza,  aunque al hacer la revisión médica nunca se le encontraron lesiones en el cráneo.

El 2 de abril de 2020, ambos fueron detenidos y puestos en prisión preventiva oficiosa por ser sospechosos del feminicidio de la bebé. A los pocos días, en la audiencia, tanto Daniela como Víctor fueron vinculados a proceso por el feminicidio.

En la movilización se leyó un pronunciamiento en el que las activistas denunciaron que la justicia en la entidad es muy lenta, sobre todo en casos de violencia de género y feminicidios.

Casi un año después, el 24 de marzo de 2021, familiares, activistas y grupos feministas marcharon desde la sede de la Fiscalía de Puebla hacia el centro de la ciudad —la cuarta ciudad más grande de México—, pidiendo se dictara sentencia cuanto antes, porque pese a que los presuntos responsables están detenidos, todavía no es clara su situación jurídica ni se sabe si se hará justicia por el feminicidio de la pequeña.

En la movilización se leyó un pronunciamiento en el que las activistas denunciaron que la justicia en la entidad es muy lenta, sobre todo en casos de violencia de género y feminicidios. Ya ha pasado casi otro año desde esa marcha, desde la concentración en la que decenas de voces gritaron y pidieron justicia: otro año más en el que ésta todavía no llega para Alisson. Un año más en el que las autoridades ignoran lo que sufrió en tan poco tiempo de vida una niña que no pudo vivir libre de violencia, en un estado donde casi un tercio de sus municipios tienen activada la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres, y donde ninguna autoridad hace nada para que esto se revierta.