Por: Erandi León Tierranueva
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México vive una severa crisis de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad en materia de derechos humanos, misma que se acentúa cuando se habla de violencia de género, feminicidios y feminicidios infantiles. Tan solo durante el año 2021, de acuerdo con el monitoreo realizado por Aquí Estamos, se documentaron 86 feminicidios de niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, de los cuales únicamente en 3 casos se dictó una sentencia.
Para la activista Irinea Buendía y la asociación civil Justicia Pro Persona, la impunidad y la falta de sentencias se deben a una ausencia de voluntad política que se traduce en simulación e invisibilidad de las políticas de género, entre las que destaca el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En la teoría, el mecanismo de la AVGM fue creado para “garantizar la seguridad (de niñas y mujeres), el cese de violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”. En la práctica, se ha documentado un incremento en la inseguridad y vulneración de los derechos humanos de niñas y mujeres. Además, los informes publicados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y las entidades federativas con una o más AVGM activas, no ofrecen datos que muestren un impacto de la alerta en la vida cotidiana de las mujeres.
Irinea Buendía es activista y madre de Mariana Lima Buendía, asesinada por un funcionario público en el año 2010 y cuya sentencia tardó 5 años en llegar. Ella asegura que este incremento en la inseguridad y vulneración de derechos humanos de niñas y mujeres corresponde a la simulación de las autoridades en gran parte de los feminicidios infantiles, en los que se observa que el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia y no provee las herramientas necesarias a las instituciones públicas para que cumplan con su deber.
En el ámbito local, la Ciudad de México es parte de las entidades con mayor número de feminicidios infantiles. De acuerdo con las cifras recogidas por Aquí Estamos, comparte con Veracruz y Jalisco (5) el tercer lugar en casos de feminicidio infantil registrados durante 2021, sólo detrás del Estado de México (18) y Guanajuato (6). Estas cifras podrían incrementar, afirma Irinea Buendía, si las autoridades investigan todos los homicidios dolosos de mujeres como feminicidios.
Un ejemplo de la simulación señalada por Irinea Buendía es la impartición de talleres en la capital del país, como parte de las llamadas acciones de emergencia de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM). Este símil de la AVGM fue emitido por el gobierno de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019 y en el segundo informe anual, publicado en noviembre de 2021, se incluyen cifras de diversas capacitaciones de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) a elementos policíacos y de procuración de justicia.
Irinea considera que estos números no miden el impacto que tienen estas actividades sobre la violencia de género, la cual sigue aumentando. Asimismo, señala que el gobierno ha fallado en su compromiso de informar a las mujeres sobre la Alerta por Violencia y sus derechos. “Las mujeres saben que la violencia existe porque la están viviendo, pero no porque las autoridades hayan creado espacios y medios para informar de ello”, afirma.
El caso de su hija Mariana Lima Buendía adquirió gran relevancia debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente al sentenciar que todos los asesinatos violentos de niñas y mujeres sean investigados con perspectiva de género y con la debida diligencia. Sin embargo, después de 11 años del feminicidio de su hija, Irinea aún no cuenta con una sentencia justa que reconozca a Mariana y la lucha de sus padres. El camino para acceder a la justicia ha sido largo y atropellado, consecuencia de una “violencia institucional que por acción y omisión se continúa reproduciendo alrededor de su caso”.
Simulación y apropiación de políticas de género
La AVGM debe ser decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante, la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) fue creada por el Gobierno de la Ciudad de México, como respuesta a las solicitudes de AVGM presentadas ante la Conavim por las asociaciones civiles Justicia Pro Persona y Nosotros Por Ti, en 2017 y 2019, respectivamente.
Por lo anterior, la DAVM de la Ciudad de México no existe bajo los términos de la Ley General, ya que no está previsto en la norma que el gobierno estatal pueda declarar una AVGM. De acuerdo con la información de la página oficial de la Conavim, existen 36 solicitudes admitidas de AVGM. De ellas, 25 ya han sido declaradas y entre las que están en proceso de revisión se encuentran las solicitudes de la sociedad civil en la Ciudad de México, lo que confirma que la DAVM emitida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es cuasi jurídica.
Para su “Segundo informe anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM)”, el Gobierno de la Ciudad de México presumió haber aprobado una serie de leyes y reformas que, aseguró, contribuyeron a la reducción de la violencia y los delitos de feminicidio en los últimos 2 años.
En el reporte se aseguró que la formación de las y los agentes de la PDI (Policías de Investigación) con perspectiva de género y de derechos humanos se había institucionalizado, destacando diversos talleres a personal de procuración de justicia y policías. Sin embargo, además del número de personas capacitadas, no se ofrecen otros datos acerca del impacto de estos programas en la población de la ciudad.
Se reportó que 3 mil 500 PDI tomaron el curso “Función policial con perspectiva de género”. Asimismo, 763 agentes de nuevo ingreso recibieron módulos como “Perspectiva psicosocial en la procuración de justicia” e “Investigación de delitos relacionados con violencia de género” como parte del “Curso de formación inicial para PDI”.
Además, se incluyó un taller virtual sobre la Ley Olimpia, la cual entró en vigor en la Ciudad de México el 22 de enero de 2020 y que reconoce la violencia digital como un tipo de violencia de género. El curso se dio a 240 personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES), durante agosto y septiembre de 2021.
“Desde la sociedad civil, valoramos de manera positiva estas acciones, como la aprobación de la Ley Olimpia que modifica el marco normativo y fomenta la prevención de la violencia digital. El problema es que hacen falta mecanismos de evaluación serios, establecidos y concretos que midan el impacto de tales acciones”, afirma Omaira Ochoa Mercado, integrante de Justicia Pro Persona, asociación civil que solicitó la AVGM para Ciudad de México en 2017.
Para Omaira Ochoa, las evaluaciones deberían arrojar datos que contribuyan al mejoramiento de los mecanismos, así como al impacto que éstos tengan en el día a día de las mujeres y niñas. “Cómo vamos a saber si una ley tiene verdaderamente un impacto en la ciudadanía: justo con evaluaciones serias, establecidas y concretas, por ejemplo analizar estadísticamente el verdadero acceso a la justicia, porque actualmente podemos pedir un acceso a la información y sólo hasta que te la proporcionan lo sabemos”, detalla la integrante de Justicia Pro Persona.
Omaira añade que, por si fuera poco, existe una gran invisibilización de la violencia contra las mujeres, porque no hay un interés del Estado y no existen sanciones para los funcionarios irresponsables. “En lugar de seguir los pasos del Protocolo Alba, hacen lo que se les da la gana o llenan únicamente formularios, en lugar de iniciar con las acciones de búsqueda inmediata, por eso, porque no hay sanciones y no existe una adecuada capacitación. Creen que basta con dar un curso con perspectiva de género donde sólo mandan a las mujeres, lo cual evidentemente no sirve”, dice.
Irinea Buendía reitera que “De seguir así, solo estaremos simulando en que capacitamos a las autoridades de género de todos los estados, ya que en todos ellos sube la violencia a tal grado que ahora ya se cuentan más de 10 mujeres asesinadas diariamente, y las autoridades no las miran, ignoran esta problemática y le restan importancia. Si las autoridades hubieran atendido este problema desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio esa sentencia de Campo Algodonero y hubieran atendido lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, Chihuahua, quizá ahora no estaríamos en una emergencia nacional”.
Entre la teoría y la práctica: la impunidad en los feminicidios
El 11 de febrero de 2020, Fátima de 7 años de edad fue secuestrada por conocidos de su familia en Tláhuac, Ciudad de México. Al día siguiente fue emitida la Alerta AMBER, protocolo que se utiliza para la búsqueda y localización de menores de edad; sin embargo, nunca se emitió el Protocolo ALBA, el cual es específico para la búsqueda de niñas y mujeres.
El Protocolo ALBA reúne “un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano”. Fátima fue localizada sin vida una semana después de su desaparición y aunque existen dos personas detenidas por el crimen, las autoridades no han emitido sentencia contra ellos.
Otra historia que refleja el desconocimiento de las autoridades sobre las políticas de género es la de Wendy, de 16 años, asesinada en marzo de 2021 en Xonacatlán, Estado de México. La familia denunció la desaparición de su hija en el Centro de Justicia para las Mujeres gracias a la experiencia previa de un conocido y no por campañas gubernamentales que hubieran difundido dicha información.
El Módulo ODISEA del Centro de Justicia, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, debía de generar una cédula única de la persona y realizar una búsqueda física en espacios como hospitales, albergues, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), entre otros. Pero el funcionario público únicamente entregó una copia a color de la cédula del Protocolo ALBA a la familia, que corrió con el gasto de las copias que únicamente ellos repartieron.
Casi 2 días después, Wendy fue localizada sin vida en un paraje por un transeúnte. El hallazgo fue informado a sus padres, no por las autoridades que tenían la denuncia por desaparición, sino por una conocida. Los asesores jurídicos, de investigación y ministerios públicos asignados los presionaron para desistir del caso. Incluso, sugirieron que Wendy se suicidó, pese a los primeros resultados de la investigación que aún sigue abierta.
Fátima y Wendy son sólo un ejemplo de la diferencia abismal que existe entre las leyes y normas que están estipuladas en la ley, pero que en la práctica se quedan en letra muerta. La realidad es que el 96 por ciento de los casos de feminicidio infantil, según el monitoreo de Aquí Estamos en 2021, reflejan el obstáculo de la impunidad y de la falta de voluntad política.
“Podríamos decir que no hay un impacto, porque en el día a día —y tú lo observas en las mujeres que te rodean— yo creo que la percepción de inseguridad y la vulneración a sus derechos continúa siendo la misma que hace 2 años, incluso hasta podríamos decir que la violencia de género se ha acrecentado, puesto que es imposible hablar de cómo impacta, porque no hay manera de saberlo hasta este momento, además de que no existe suficiente claridad sobre qué implican esas acciones”, resalta Omaira Ochoa.
En el Segundo Informe de la DAVM se celebra la aprobación de la iniciativa que crea el Banco de ADN para Agresores Sexuales, el 24 de diciembre de 2019. Sin embargo, continúa sin operar. En octubre de 2020 el 14 por ciento del personal pericial que estará adscrito en materia del Sistema de Gestión de Calidad fue capacitado de manera virtual en genética forense. Pero la acreditación por el Laboratorio de Genética Forense de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), no se puede realizar en tanto no se haga entrega de las instalaciones, las cuales están concluidas desde mayo de 2021.
“Se necesita mucho trabajo, no sólo voluntad política, se necesitan instituciones sólidas, presupuesto adecuado, personal capacitado, sensibilizado y dispuesto a trabajar en ello, se necesita todo un aparato del Estado que esté invirtiendo su tiempo, dinero y energía en ello. El problema aquí es que en México estamos en una grave crisis en materia de derechos humanos, y el problema de la violencia de género se diluye entre tantas problemáticas y no se vuelve una prioridad y menos en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, que aquí lo primordial fue atender esta emergencia y la violencia contra las mujeres no estaba ni en segundo plano, estaba como en el número 80 y con esto todavía se fue más lejos”: Omaira Ochoa.
Esta falta de formalidad en la implementación de las políticas ha creado un abismo entre las niñas, mujeres y familiares de víctimas de feminicidios y las instituciones públicas. Han sido organizaciones de la sociedad civil, como declara Omaira, quienes se han encargado de “empujar como se ha podido y conforme nuestra incidencia nos permite, es decir, estas políticas deberían tener un impacto directo en la vida diaria de las personas, realmente visible y palpable”.
Durante 2021, Maricela de 16 años, Frida de 15, Isabel de 4, Fátima de 2 y Karla de 1 año, fueron las niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en la capital del país. Hasta el cierre de esta edición (marzo 2022) no se había dictado sentencia en ninguno de estos casos.
Para la madre de Mariana Lima Buendía, las autoridades locales siempre han hablado de “leyes de vanguardia”, sin embargo, lo que de verdad se necesita es que éstas se apliquen. “No necesitamos simulación, sino que realmente las políticas públicas existentes se lleven a cabo y se cumplan, porque las leyes están escritas, pero no se cumplen“.
Irinea reconoce que si el caso de su hija no hubiera llegado a la Corte, aún estaría en la impunidad. Por su experiencia y la de miles de familias, asegura que las autoridades ponen atención solamente cuando presionan y levantan la voz. “Lo primero con lo que tenemos que batallar es con el miedo y la pena, precisamente porque nos discriminan o acusan. En el caso de desaparición, son las mismas autoridades las que se encargan de hacerlas desistir y lo que debería ser su trabajo se convirtió en una labor de las familias: Si las autoridades han hecho algo, ha sido porque nosotras como madres de víctimas lo hemos iniciado”, expresa.
El caso de Mariana Lima Buendía pasó por las manos de más de 20 ministerios públicos y ninguno realizó las diligencias necesarias para reconocer que no se trató de un suicidio, como quisieron hacer creer a la familia. “Por eso hablamos de simulación, porque las autoridades dicen que hacen, pero no hacen nada, porque finalmente las cifras son las que hablan de la negligencia de las autoridades. Yo como familia de víctima de feminicidio no debería estar en este lugar en el que me pusieron, porque finalmente yo no quisiera estar en este lugar, pero estoy aquí y tengo que gritar y levantar la voz y con base a eso hemos conseguido un poco de justicia”, dice la mamá de Mariana.
“Sólo nos queda levantar la voz, hemos logrado avanzar lentamente pero no es gracias a las autoridades sino a que hemos exigido que respeten nuestros derechos, mismos que hemos logrado a base de lucha, porque nada nos han regalado, al contrario, la deuda que las autoridades tienen con nosotras como familiares de víctimas de feminicidio, de desaparición, de tentativa, la deuda cada día es más grande, enorme”.
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