Niñas y adolescentes invisibles: sin programas de impacto y el SIPINNA con miras a desaparecer
Por: Katia Diéguez
El cuerpo de Wendy, de 16 años, lo encontraron en un pequeño charco en el paraje conocido como La Manga, entre los límites del municipio de Xonacatlán y la localidad de Villa Cuauhtémoc en el Estado de México, 2 días después de que sus padres la reportaron como desaparecida: su blusa y pantalones estaban rasgados y sus manos entreabiertas.
La historia de Wendy es un reflejo del viacrucis por el que pasan los familiares de las víctimas de feminicidio: desde la falta de atención de los policías, hasta la protección que gozan los presuntos culpables por parte de las autoridades, pasando por la poca información acerca de los programas de apoyo emocional, económico y jurídico diseñados para los familiares de las víctimas.
En México, la crisis de violencia de género contra niñas y adolescentes en ocasiones culmina con un feminicidio, pero se manifiesta de inicio en pequeñas acciones, muchas veces invisibilizadas y normalizadas.
Para la activista Irinea Buendía y la asociación civil Justicia Pro Persona, la impunidad y la falta de sentencias se deben a una ausencia de voluntad política que se traduce en simulación e invisibilidad de las políticas de género, entre las que destaca el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En la teoría, el mecanismo de la AVGM fue creado para “garantizar la seguridad (de niñas y mujeres), el cese de violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos”. En la práctica, se ha documentado un incremento en la inseguridad y vulneración de los derechos humanos de niñas y mujeres. Además, los informes publicados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y las entidades federativas con una o más AVGM activas, no ofrecen datos que muestren un impacto de la alerta en la vida cotidiana de las mujeres.
Irinea Buendía es activista y madre de Mariana Lima Buendía, asesinada por un funcionario público en el año 2010 y cuya sentencia tardó 5 años en llegar. Ella asegura que este incremento en la inseguridad y vulneración de derechos humanos de niñas y mujeres corresponde a la simulación de las autoridades en gran parte de los feminicidios infantiles, en los que se observa que el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia y no provee las herramientas necesarias a las instituciones públicas para que cumplan con su deber.
“En un contexto de pandemia donde en realidad no se regresó a las escuelas, los hogares no representaron protección. Los datos no acompañan, incluso si uno quisiera tener una percepción más optimista, los datos no acompañan para poder dar por sentado que está siendo suficiente”, lamentó Tania Ramírez, directora de la REDIM.
Y los programas federales que deben velar para evitar y erradicar estas cifras tampoco acompañan, porque con el incremento de los casos, el mensaje que se manda es que no están siendo suficientes.
Uno de los más grandes avances en materia de reconocimiento de los derechos de las niñeces sucedió en 2014 cuando se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que las y los reconoce como sujetos de derecho y establece lineamientos para garantizar la prevención, protección y restitución de los mismos. Sin embargo, a pesar de que estableció la importancia del involucramiento de todas las secretarías a nivel federal, estatal y municipal para garantizar la protección, la realidad es que pocas instancias cuentan con protocolos y programas claros que defiendan a niñas y adolescentes y, aún más, son escasas las que trabajan articuladas para garantizar una vida libre de violencia en todos los ámbitos.
Un ejemplo de la simulación señalada por Irinea Buendía es la impartición de talleres en la capital del país, como parte de las llamadas acciones de emergencia de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM). Este símil de la AVGM fue emitido por el gobierno de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019 y en el segundo informe anual, publicado en noviembre de 2021, se incluyen cifras de diversas capacitaciones de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) a elementos policíacos y de procuración de justicia.
Irinea considera que estos números no miden el impacto que tienen estas actividades sobre la violencia de género, la cual sigue aumentando. Asimismo, señala que el gobierno ha fallado en su compromiso de informar a las mujeres sobre la Alerta por Violencia y sus derechos. “Las mujeres saben que la violencia existe porque la están viviendo, pero no porque las autoridades hayan creado espacios y medios para informar de ello”, afirma.
El caso de su hija Mariana Lima Buendía adquirió gran relevancia debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente al sentenciar que todos los asesinatos violentos de niñas y mujeres sean investigados con perspectiva de género y con la debida diligencia. Sin embargo, después de 11 años del feminicidio de su hija, Irinea aún no cuenta con una sentencia justa que reconozca a Mariana y la lucha de sus padres. El camino para acceder a la justicia ha sido largo y atropellado, consecuencia de una “violencia institucional que por acción y omisión se continúa reproduciendo alrededor de su caso”.
El SIPINNA, una promesa corta
A raíz de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), se creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), un mecanismo de protección para articular las acciones de todas las instituciones del Estado en favor de las niñas, niños y adolescentes. Uno de sus grandes avances ha sido el de reunir en cada sesión a altos mandos de secretarías y organismos, como educación, salud, el Poder Legislativo y hacerlos actuar con una perspectiva de derechos humanos infantiles en todas sus competencias.
De acuerdo con el análisis de Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), antes de la ley, el Estado trabajaba bajo una lógica en la que se pensaba que niñas y niños eran objetos de protección, ni siquiera eran sujetos, y correspondían al ámbito de lo familiar, de lo doméstico, de lo privado. Y aunque ha habido varios avances ocho años después, falta una visión a nivel federal que haga entender a cada organismo y trabajador público que su labor tiene que ver con garantizar derechos a la niñez y a la adolescencia.
“Hoy por hoy, el cambio de paradigma que le implicó a México entrar en una lógica de derechos humanos como deber del Estado mexicano y sus instituciones no ha permeado a hacer una noción del trabajo cotidiano de las y los servidores públicos”, recalcó.
Por su naturaleza, el Sistema es uno de los principales para defender los derechos de las infancias y uno de los programas con los que trabaja es el Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez. La Alianza es un esfuerzo encabezado por la Organización de las Naciones Unidas que invita a países a velar por los derechos de las infancias. Como respuesta, el SIPINNA creó la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), encargada de crear el plan con 31 líneas de acción.
Todo el Plan se rige a partir de cuatro estrategias, una de ellas la “Erradicación de la violencia de género para la igualdad sustantiva”, y de cada estrategia surgen líneas de acción que, entre otras cosas, proponen un trabajo en conjunto con otras instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) o el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Sin embargo, pareciera que estas acciones no son relevantes para el resto de las secretarías y organismos.
Por ejemplo, el SIPINNA establece como coordinadora a la CONAVIM en la estrategia 4.2 que busca fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Pero al ser cuestionada en dos ocasiones por Aquí Estamos: feminicidio infantil en México, en la última con la solicitud 331001221000050, la CONAVIM aseguró no contar con programas ni acciones específicas que atiendan la violencia contra menores de edad, no mencionó el trabajo que hace con el SIPINNA y recomendó preguntar a dicho Sistema por ser el único que pueda tener información al respecto.
Otros dos programas bajo los que trabaja el SIPINNA son el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020-2024. En ellos se establecen lineamientos y acciones para, entre otras cosas, medir la situación real que viven niñas y adolescentes en términos de atención en los Centros de Justicia por edad y discapacidad, violencia en el ámbito escolar y cantidad de unidades especializadas en atención a víctimas de violencia de género.
Dichos planes también se trabajan en conjunto con la CONAVIM y con el Instituto Nacional de las Mujeres, quienes son responsables de los resultados y los indicadores. Por la naturaleza de las acciones a evaluar, se esperaría que se involucraran otros actores como la Fiscalía General de la República, la responsable de los Centros de Justicia a donde llegan niñas y adolescentes a denunciar. Sin embargo, de acuerdo con la solicitud de información con folio 330024621000813, la Unidad de Igualdad de Género y la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) no desarrollan ni tienen programas de este tipo. Aún así, aseguraron que como su objetivo principal es incorporar la perspectiva de género en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que impactan a la Fiscalía, crearon en 2020 un solo curso de verano en línea para prevenir la violencia sexual dirigido a hijos e hijas de trabajadores, al cual asistieron 61 niños, niñas y adolescentes.
La SEP y el problema de los indicadores
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es otro organismo clave en la construcción de un Estado incluyente en temas infantiles. Los principales programas bajo los que se rigen para prevenir, atender y erradicar la violencia contra niñas y adolescentes son también el Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez; y el Sistema Nacional de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Cada semestre, la SEP realiza un informe de labores que, además, distingue entre áreas de acción y/o planteles o niveles educativos. Desde el 2019, en los informes realizados para ambos planes, destacan principalmente los cursos, conferencias, congresos y acciones de difusión en temas de violencia dirigidos como prioridad al personal docente, después a padres y a las y los estudiantes. Estas charlas se incrementaron con la llegada de la pandemia por coronavirus con wébinars y conversatorios digitales; sin embargo, en cada informe, estas pláticas representan el 80% de las acciones y para ninguna de ellas se comparten los indicadores y los resultados tras el análisis.
“El problema de esos indicadores está en la mirada del servicio público, muchas veces la información se da en razón de lo que se hizo, no hay una lógica de medición de cómo eso que se hizo transformó la realidad. Ese trabajo no está terminando de modificar las condiciones en las que viven niños, niñas y adolescentes”,
Omaira Ochoa.
Además, en ninguno de los informes se menciona otra secretaría u organismo con el que hayan trabajado en conjunto para mejorar o lograr ciertos objetivos. Esta falta de coordinación entre instituciones retrasa los procesos para garantizar el respeto a los derechos de las infancias y genera una visión de Estado en la que se le da poca importancia y no se garantiza el interés superior de la niñez.
“Los protocolos están, sin embargo no se realizan como deberían porque las autoridades que deberían de aplicarlos desconocen los procedimientos; o porque no están integrados, por una parte dicen que las víctimas deberían de tener cierto acompañamiento terapéutico, médico, sin embargo tú vas e intentas poner una denuncia y te revictimizan”, recalcó Jhoanna Manríquez, integrante de Maroma: Observatorio de Niñez y Juventud.
Y aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha intentado cambiar la lógica de Estado en la que se pensaba que las infancias eran objetos de protección, ni siquiera sujetos, al día de hoy no se ha entendido que las acciones que hace cada trabajador público, desde la gestión del agua, hasta la seguridad, afectan a las y los niños, y ellos son también actores que deben estar involucrados en la toma de decisiones.
Incluso, esos avances se ven amenazados ante el desinterés por la niñez del presidente Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de fusionar el SIPINNA con el DIF. Para los expertos esto significaría retroceder el camino ganado desde la promulgación de la Ley General y volver a la visión de que las infancias solo corresponden al ámbito de lo familiar, de lo doméstico.
Desde el 2020, el SIPINNA no cuenta con un titular y, de acuerdo con las normas, es el presidente del país quien debe asumir ese rol. Sin embargo, desde ese entonces no ha habido ni una sesión, esas en las que se convocaba a los altos mandos de cada secretaría y en las que se conseguían acciones transversales en favor de las infancias.
Además, desde el 2020 ha habido un aumento mínimo a su presupuesto:
El 27 de enero, López Obrador anunció a Nuria Fernández como la nueva titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), un guiño hacia la incorporación del SIPINNA y la reorganización de ambos organismos.
La propuesta, para Tania Ramírez significa “regresión a un estado previo a la Ley General, volvemos a una mirada previa a la Convención de los Derechos del Niño donde se cree que solo una institución dedicada a la familia es la que se debe encargar de la niñez. Una sola institución dedicada a una tercera parte de la población no es suficiente, además el DIF tiene mucho trabajo”.
La situación obliga entonces al resto de secretarías, institutos y organismos gubernamentales, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, pasando por la Secretaría de Salud hasta la Comisión Federal de Electricidad, a entender que cada acción, cada decisión y cada objetivo planteado impacta de forma directa a los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. Y que las decisiones tomadas entre los altos mandos federales, llegarán hasta los hogares de cada una de ellas.
Pese a la realidad que obliga a buscar alternativas, también se levantan las personas, las y los funcionarios públicos, las y los activistas, las y los docentes, las madres y los padres, pero sobretodo las niñas, niños y adolescentes quienes buscan todos los días un cambio en la sociedad y en un Estado que insiste en invisibilizar sus voces.