Sin acciones focalizadas para erradicar el feminicidio de niñas y adolescentes en México
Por: Perla Blas, Zaira Juárez García e Ivonne Ramírez
El feminicidio es la culminación de un contexto de violencia contra las mujeres. Para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia se publicó el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contiene los lineamientos a nivel federal para prevenirla. Incluye un Sistema Nacional y un programa integral en donde están involucradas 12 secretarías e instituciones, además de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En el papel, todo está estructurado y perfectamente explicado; sin embargo, en la práctica, cada institución, entidad y municipio opera de forma desarticulada. A esto se suman que hay obligaciones que no se cumplen, a pesar de que están estipuladas en la ley, y la falta de acciones focalizadas para evitar y erradicar el feminicidio de menores y adolescentes.
“La investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana se hizo desde el Congreso de la Unión a iniciativa de la doctora Marcela Lagarde [LIX Legislatura del 2003-2006], cuando ella fue diputada federal. Fue la investigación que acompañó la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, rememora Martha Patricia Castañeda Salgado, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Integrante del Programa de Investigación Feminista.
“Ese fue un proyecto integral inédito en México y que no se ha vuelto a repetir. Y es una verdadera pena, porque debería haber sido parte de una política de alianza entre el Poder Legislativo y la academia (…) fue una investigación que trató de abordar distintas aristas de la violencia feminicida y desde distintas fuentes, no solo la judicial ni la legislativa, sino también desde el punto de vista de los medios de comunicación, de los trabajos académicos, etcétera”, detalla.
Aunque fue un esfuerzo sin precedentes, la Ley General contempla en algunos rubros acciones que no se llevan a cabo. Por ejemplo, diseñar una política integral, construir un sitio web con información pública sobre mujeres y niñas desaparecidas, generar una base de información genética de mujeres desaparecidas, reeducar al agresor, así como proporcionar datos estadísticos (pero no especifica que deben ser claros, entendibles y transparentes) y vigilar y sancionar a los medios de comunicación para que no promuevan la violencia contra la mujer.
…la violencia de género es un delito y no un problema entre particulares: no se trata de un problema de mujeres…
Los principios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son la igualdad jurídica entre mujer y hombre, la no discriminación, la dignidad humana y la libertad de las mujeres. Esta ley establece la coordinación entre la federación, estados y municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es lo que garantizará su acceso a una vida libre de violencia. Cada estado tiene la responsabilidad de establecer las normas legales, las medidas presupuestales y las administrativas; las 12 secretarías involucradas, más la Segob, tienen a su cargo acciones muy específicas.
La Ley contempla como tipos de violencias la psicológica, la física, la patrimonial, la económica y la sexual. Además, explica las modalidades y espacios en que pueden ocurrir: familiar, laboral-docente y la comunidad, así como la responsabilidad del Estado ante estos.
El hecho de que exista esta ley para la erradicación del feminicidio en cualquier etapa de la vida de una mujer, no garantiza que se cumpla con el objetivo. La misma autoridad reporta en sus cifras un aumento de este delito: en 2015, hubo 415 feminicidios; en 2016, 605; en 2017, 742; en 2018, 893; en 2019, 942 y en el año 2020, 940 mujeres asesinadas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional.
Parece increíble, pero todavía en los Ministerios Públicos y en todas las instancias, lo primero que se hace es tratar de incriminar a quien intenta hacer una denuncia por violencia de género y descartar si ella no fue responsable, si no indujo, si no fue partícipe de la violencia que ejercieron sobre ella.
Como expone Patricia Castañeda, investigadora de la UNAM, la violencia de género es un delito y no un problema entre particulares: no se trata de un problema de mujeres. “Tiene que ver con la relación de las mujeres, como ciudadanas, con quienes nos rodean y con las propias instituciones y el Estado. No hay personal capacitado ni recursos suficientes para todo lo que tiene que ver con la judicialización de los casos (de feminicidio)”.
Además de esto, Patricia Castañeda enfatiza que se sigue culpabilizando a las mujeres por las violencias de las que son objeto. “Parece increíble, pero todavía en los Ministerios Públicos y en todas las instancias, lo primero que se hace es tratar de incriminar a quien intenta hacer una denuncia por violencia de género y descartar si ella no fue responsable, si no indujo, si no fue partícipe de la violencia que ejercieron sobre ella. Eso nos habla de que hay muchísimo camino por andar y de que existe este desfase entre el diseño de las políticas y su implementación”, advierte.
Más programas y estrategias
Como expresó Gabriela Pérez Yarahuán, directora regional del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR LAC), durante el taller de Evaluación de Políticas Públicas (del Centro de Investigación y Docencia Económicas en junio de 2020): “una política pública necesita intervención del Estado, pero debe ser coherente y consistente; sin embargo, lo que se tiene son programas no articulados”.
Por ejemplo, el 27 de enero del 2021, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se reunieron “para definir una estrategia” para las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ). Luis García López Guerrero, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SNSP, la llamó política pública y precisó que “esta política pública refleja el ánimo y compromiso de las instituciones del Gobierno de México para hacer que el respeto a los derechos humanos tenga plena vigencia, puesto que la violencia contra las mujeres representa un problema que debe ser atendido eficientemente por las autoridades del Estado mexicano».
Ese mismo día, pero en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina que emite la Presidencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez dirigió la conferencia y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó un plan para erradicar y atender la violencia contra las mujeres. Dentro de su discurso, hizo un llamado a la construcción de la paz y pidió a los gobernadores, presidentes municipales, presidentas, alcaldesas, así como órganos de prevención y procuración de justicia, que se sumaran al esfuerzo de restablecerla.
Entre las acciones que Rosa Icela Rodríguez enunció están: conformar un cuerpo especializado integrado por mujeres que coadyuve con las fiscalías estatales en la investigación y seguimiento en casos de feminicidio; instalar en la SSPC un gabinete de mujeres por la construcción de paz y continuar con la capacitación a los policías y la realización de diagnósticos más precisos, priorizando los estados con mayor incidencia de delitos contra las mujeres y los municipios con alertas de género; y fomentar el uso de las tecnologías de la información para crear herramientas que fortalezcan la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas en el territorio mexicano.
“Queremos mujeres vivas, libres y autónomas, porque es nuestra responsabilidad garantizarlo y nuestro derecho”,
Rosa Icela Rodríguez.
Además, la secretaria federal indicó que todas las dependencias deberán alinearse a este plan: la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Información, el Centro de Inteligencia, la Plataforma México, la Policía Cibernética y Policía Científica, la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestro, el 911 y las Coordinaciones Estatales y Regionales para la Paz.
“La violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades en el mundo […] Asumimos el compromiso de llevar al más alto nivel de la agenda de Estado la seguridad de las mujeres y niñas para que vivan plenas, seguras, libres de violencia y con acceso a la justicia”, cerró.
En sintonía con los anuncios de Luis García López y Rosa Icela Rodríguez, el 11 de febrero del 2021, el Inmujeres, la Secretaría de Educación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) dieron a conocer (en un comunicado de prensa) que hacen un trabajo colectivo para prevenir y responder eficazmente ante los actos de violencia contra las mujeres en las Instituciones de Educación Superior.
La violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades en el mundo...
El 18 de febrero de 2021, ese mismo Instituto realizó la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024, un programa especial que cruza las agendas de trabajo de todas las secretarías y entidades federales, destacando que “todo el Gobierno de México se involucró en su diseño y, aún más importante, que todas las instancias van a participar en su implementación”. Este programa, el más reciente hasta el cierre de este reportaje —22 de febrero 2020—, presentó la campaña “Mujeres en el centro de la transformación”. Es importante señalar que en el documento del programa no se incluyen cifras de los feminicidios cometidos contra menores de edad, es decir, en el rango de los 0 a los 17 años de edad, como sí incluyen, por ejemplo, datos duros sobre la violencia en el noviazgo.
A todo lo anterior se agregan las 11 iniciativas que existen en la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados. Se firman acuerdos y convenios entre instituciones, se lanzan e implementan programas y planes, sin tener certeza de su seguimiento ni elementos objetivos para su evaluación y, sobretodo, para medir su impacto.
“Los programas que hay, no sé si son muchos o pocos, porque ni siquiera sabemos en este momento cuántos, cuales hay y desde dónde. Sabemos, por supuesto, que la Secretaría de Gobernación tiene, el Instituto Nacional de las Mujeres también tiene, que la Conavim tiene, que las Fiscalías los tienen, que la Secretaría de Educación implementa algunas medidas, la Secretaría de Salud, la de Trabajo… pero eso no alcanza, porque cada una trabaja pequeños programas, pequeñas acciones de corto alcance y no se articulan. Van cada una por su lado, por su pedacito de realidad”, señala Patricia Castañeda, investigadora de la UNAM.
Ante esta superabundancia de programas que parecen encaminados a erradicar las violencias contra las mujeres, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), capítulo Jalisco, considera que desde la autodenominada Cuarta Transformación, 4T, hay un doble discurso. “De pronto hasta nosotras caímos en el engaño, estábamos muy emocionadas cuando vimos la conformación del gabinete, teníamos esperanzas fundadas, porque todo indicaba que así sería, sin embargo, en la práctica ha ocurrido otra cosa totalmente diferente”.
Expresa que desde las organizaciones civiles entienden la política contra la corrupción de la 4T, “pero al hacerse de manera rasa, sin mirar con perspectiva de género se ha dado al traste con muchos de los avances que habíamos logrado en temas de derechos de las mujeres, por ejemplo se desestructuró todo un sistema que había de apoyo a mujeres y se redujo el presupuesto”, reprocha.
…cada una trabaja pequeños programas, pequeñas acciones de corto alcance y no se articulan. Van cada una por su lado, por su pedacito de realidad…
Guadalupe Ramos Ponce considera que la Conavim ha tenido un “terrible papel” en este proceso, al ser la instancia que debería estar impulsando acciones en pro de todas las mujeres. “Desde las organizaciones de la sociedad civil es en donde se hacen los esfuerzos más importantes para visibilizar esta problemática. Pero desde las instituciones vemos una regresión, no solamente no hemos avanzado sino que al contrario, lo poquito que habíamos avanzado en acciones, normas jurídicas, alguna mínima estructura en atención de la violencia, se ha ido para atrás. Ahora, hay que estar defendiendo lo poquito que habíamos logrado: se trata de resistir”.
Pensamiento conservador
Patricia Castañeda plantea que el gobierno en turno, o la “4T”, tiene un pensamiento conservador y que el conservadurismo permite aceptar casi a ciegas lo que se presenta como verdad. “El pensamiento conservador no tiene partido político, no tiene clase social, no tiene grupo étnico o racial, trasciende todas esas fronteras y se instala”, expresa la investigadora de la UNAM.
…un Estado que debilitó la educación, que debilitó la salud, que optó por destruir la estructura productiva de este país, que desatendió a la ciudadanía, tiene una sociedad ignorante, desprotegida, y, por lo tanto, expuesta a adoptar aquello que le haga sentido…
Enfatiza que existe responsabilidad de todos los presidentes en sexenios anteriores, que también han sido conservadores frente al feminicidio y las violencias contra las mujeres: “Cuando Marcela Lagarde definió el feminicidio como un crimen de Estado, precisamente estaba apuntando a la responsabilidad del Estado ante esto. Porque un Estado que debilitó la educación, que debilitó la salud, que optó por destruir la estructura productiva de este país, que desatendió a la ciudadanía, tiene una sociedad ignorante, desprotegida, y, por lo tanto, expuesta a adoptar aquello que le haga sentido”, enfatiza.
Entonces,“dicen que las mujeres nos queremos salir del huacal, y pues nos tienen que regresar ¿no?”.
Indiferencia social
A la sociedad mexicana le indignan los casos de feminicidios de menores de edad. Tal es el caso de Fátima de 7 años, de quien abusaron sexualmente y torturaron en febrero del 2020 en la Ciudad de México. Pero su historia, además de llamar la atención de la prensa amarillista, develó otros actos de violencia que se toleran y normalizan al interior de la familia.
“Hay una parte que depende de las autoridades, pero hay otra que es responsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que es una de las problemáticas más complejas. Por una parte, tenemos una sociedad profundamente patriarcal, con algunos grupos de personas que pretendemos que la realidad cambie, que estas relaciones de dominación y de desigualdad no se perpetúen; pero a la vuelta de la esquina te encuentres con una enorme presencia de fuerzas conservadoras, antifeministas, que se oponen en el discurso, en la práctica, en los hechos, a toda medida que aleje a las mujeres de esta condición de subordinación y de desigualdad”, asegura Patricia Castañeda.
“Cuidado con los silencios y la doble moral”, advierte la académica de la UNAM, señalando que las niñas son las más desprotegidas, al estar expuestas a muchas prácticas sexuales toleradas socialmente, sobre todo en el entorno familiar. A las niñas, dice, se les considera como privadas e intocables, pero al mismo tiempo son víctimas de incesto.
Otro aspecto, explica, es la perspectiva religiosa. “Por eso hay tanto silencio, porque la otra parte de la moral, desde la perspectiva religiosa, ya sea católica, protestante, cristiana, la que sea, eso es un pecado y nadie va a reconocerlo. Y cuando se habla de ello, quien pecó fue la niña, no quien la violentó, no quien la agredió”, abunda.
Para la investigadora existe también un andamiaje ideológico muy difícil de erradicar que tiene que ver con la tolerancia y la impunidad social frente a la violencia de género y frente al feminicidio. “Entonces, existe este doble juego de ‘sí, lo puedo condenar’, pero si es de alguien cercano, ‘¡uy, no! pues puede afectar a otros’, ‘no puedo decir eso de mi compadre, trata tan bien a mi comadre’”.
“Cuidado con los silencios y la doble moral”
Patricia Castañeda considera que como país se trata de construir una ciudadanía efectiva y consciente de los derechos. Pero no solo de los propios, sino de los otros, porque todavía no se reconoce, por ejemplo, que las niñas y los niños tienen derechos. “Y eso está en la base de la impunidad social, si se tolera y se permite, no se condena ni se castiga”.
Como sociedad mexicana, hace falta una resocialización en materia de género, derechos humanos y ciudadanía: que no sean solo reconocidos por pequeños núcleos de la población, sino una práctica abierta para revertir el proceso que se vive de distintas violencias, “pero el problema es tan grande que tiene que haber también muchísimo más gente convencida, en todos los niveles, en todas las clases sociales, en todos los grupos étnicos, de que esto no se puede seguir tolerando”, afirma Patricia Castañeda, investigadora de la UNAM.
Esa tolerancia a la violencia estuvo presente en las personas que atestiguaron el feminicidio de Victoria de 16 años de edad, apuñalada el 17 de noviembre de 2019 por su expareja, a las 11 de la mañana en Cuitláhuac, en el estado de Veracruz. “Ella salió a pedir auxilio, gritaba, pero nadie hizo nada, había muchas personas, pero se echaron a correr”, relató su mamá, Petra.
Cuando iniciaron las investigaciones, ella vio, en las cámaras de seguridad de la panadería donde ocurrió el hecho, cómo la expareja de su hija la asesinó y las personas se alejaban sin mirar. Carlos, de 24 años, compró un cuchillo unos pasos antes de la panadería en la que trabajaba Victoria y, al salir, él la hirió de varias cuchilladas. Aunque las personas vieron el momento en que la agredió por primera vez, nadie se acercó a ayudarla.
Tres semanas antes de ser asesinada por Carlos, el 20 de octubre de 2019, Victoria había cumplido 16 años. Antes de esa relación, vivía y vendía comida con su madre, quien la apoyaba para que estudiara y saliera adelante, pero al crecer decidió salir a trabajar para cubrir sus gastos. Durante su noviazgo con Carlos, él le quitaba el dinero a ella y discutían constantemente. En una ocasión, él apretó con fuerza el cuello de Victoria y ella terminó en el médico. Harta del maltrato, celos y explotación por parte de Carlos, el día 12 de noviembre de 2019 ella terminó con su noviazgo.
Carlos fue detenido el 7 de diciembre de 2019, tres semanas después del feminicidio. El caso sigue abierto hasta el momento y el proceso se estancó debido a la pandemia por la Covid-19. Por otra parte, el asesino ha intentado buscar la forma de que le reduzcan la condena por feminicidio.
“Ella salió a pedir auxilio, gritaba, pero nadie hizo nada, había muchas personas, pero se echaron a correr”
Nombrar a los feminicidas es importante para que las historias no se repitan y se consiga equilibrar la balanza, garantizando la igualdad entre mujeres y hombres. Una propuesta es el feminismo, aunque existe una mirada despectiva y deformada de lo que este significa.
Jenifer Soto Hernández, integrante de la Colectiva Crianza Feminista, expresa que el feminismo es indispensable para construir un diálogo que una a todas las personas en concientizar sobre las problemáticas de las violencias contra las mujeres. “Yo creo que es necesario el feminismo, porque sí es una lucha que nos puede llevar a la equidad de género y en la que nos podemos sumar todos”.
¡Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!
La Colectiva Crianza Feminista, fue una de las decenas de colectivas que salieron a marchar en el Día Internacional de la Mujer #8M en 2020 en la Ciudad de México. En su contingente se observaron niñas con carteles en los que se leían consignas como: “Quiero cantar ‘libre soy’, y serlo”, “Las niñas no se tocan, no se violan y NO se matan”, “Por mi abuelita, por mi mamá, por mis amigas, por mi… Voy a ser la mujer que me dé la gana ser —Fernanda, 10 años-”.
“Tenemos claro que en la política pública mexicana no hay prioridades estratégicas para el cuidado de los niños y las niñas, además de las adolescentes. Los mecanismos de atención a los derechos humanos de las infancias son deficientes y existe una gran brecha de desigualdad”, asegura Jenifer.
Explica que parte de la lucha de la Colectiva Crianza Feminista va encaminada a la representación de las niñas, niños y adolescentes para resguardar su vida, ejerciendo presión hacia las autoridades para que cumplan con su deber de ejercer la justicia.
“Este gobierno debería de darle una mirada feminista a su gobierno. Al parecer el presidente está viviendo en otro contexto o en otra realidad”
Nombrar a los feminicidas para que la historia no se repita. “El aliado de unas puede ser el agresor de otras, en esta lucha por visibilizar la violencia y dejar de normalizar, el mencionar los nombres de quienes cometen feminicidio es importante, porque sabemos que el que los hombres cambien es un trabajo constante y también de reflexión propia y que no todos los hombres están dispuestos a hacer, a reeducarse y reconstruirse”.
Jenifer Soto considera que el trabajo que se hace desde distintas agrupaciones feministas es muy importante, pero no suficiente. “Este gobierno debería de darle una mirada feminista a su gobierno. Al parecer el presidente está viviendo en otro contexto o en otra realidad”, lamenta.
Glosario
La misoginia no es sexismo ni machismo. La misoginia se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y, en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Proviene del griego misein (odiar) y gyne (mujer). —CNDH.
Una serie de comportamientos estereotipados de supremacía masculina, de dominio y control, cuyas manifestaciones son diversas y tienen impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige. Pueden ser sutiles, como sugerir la comida o vestimenta para alguien, o extremos, como forzar a otra persona —a través de algún tipo de violencia— a realizar conductas no deseadas justificando de cualquier forma la agresión. —CNDH.
El feminismo no se encuentra asociado a ningún grupo, práctica o evento histórico en particular, porque nace a partir de la conciencia acerca de las desigualdades provocadas por el sistema sexo-género y de la búsqueda de la justicia social. No hay un único tipo de feminismo, sino muchos; por ello, es mejor pensar en feminismos (en plural). —CNDH.
Perspectiva de género implica una postura política que cuestiona la desigualdad e injusticia social que aqueja a mujeres y hombres; particularmente a las mujeres en la cultura patriarcal.
La perspectiva de género es una herramienta de análisis que estudia la forma en que las características socioculturales asignadas a las personas a partir del sexo convierten la diferencia sexual en desigualdad social. Con esa valoración se pueden emprender acciones que incidan en la creación de condiciones para avanzar en la construcción de la igualdad de género. —CNDH.
Un sistema que se proyecta a todos los ámbitos de la vida. Los hombres son quienes tienen el poder (en la familia, en lo social, político, económico y cultural). Justifica la subordinación de las mujeres porque las supone inferiores a causa de su biología (por nacer con sexo mujer). —Facio Alda, jurista, y Lorena Fries, abogada.
“El feminismo incomoda: porque el feminismo cuestiona el orden establecido. Y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él”.
Nuria Varela, escritora.
“El feminismo no es la cara inversa del machismo, sino una posición que lucha contra éste.”
Gabriela Castellanos Llanos, investigadora.