ANÁLISIS 2019 - 2020
Los feminicidios de niñas y adolescentes, reflejo de la inoperancia de las autoridades
En un barranco ubicado entre los municipios de Nicolás Romero y Atizapán, en el Estado de México, fue encontrado el cuerpo de Alexandra, una joven de 15 años, con signos de tortura. Era la mañana del sábado 13 de julio de 2019. El cuerpo de la menor estaba sin ropa y le faltaba un brazo. De acuerdo con las autoridades, después de asesinarla intentaron quemarla. Su caso, forma parte de las 81 carpetas de investigación que se abrieron en 2019 por el delito de feminicidio, a las que se añaden las 150 carpetas abiertas en el 2020 en el Estado de México, el lugar más peligroso para ser mujer de acuerdo con los indicadores oficiales de delincuencia.
De acuerdo a esta investigación,
entre 2019 y 2020 se registraron:
Al feminicidio de Alexandra se le suma el de Elsy, Victoria, Giselle, Laura y el de decenas de niñas y adolescentes en México. Son violadas, torturadas, asfixiadas, apuñaladas, entre muchos otros actos de violencia que se ejercen sobre sus cuerpos y que, además, ocurren en sus hogares, en la calle o cerca de su casa. Es un delito que cometen sus padres, exparejas, conocidos, vecinos, entre otros.
Desde el arranque de la actual administración federal, el 1 de diciembre de 2018, hasta el último día de diciembre de 2020, han sido asesinadas 162 mujeres menores de edad en el país, de acuerdo con el monitoreo de feminicidios de menores de edad, realizado para este reportaje.
El problema es reflejo de la ausencia de políticas públicas para eliminar el delito de feminicidio, el cual aumenta día con día y se ha convertido en parte de la cotidianeidad del contexto violento del país.
Para hacerle frente, distintas agrupaciones colectivas feministas y colectivos en el país han salido a las calles en reiteradas ocasiones, para exigir al gobierno en turno que incluya como prioridad en su agenda la eliminación de la violencia contra la mujer: en cualquiera de sus formas y en cualquier etapa de su vida.
En México, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que debe delinear lo que los estados hacen en relación con este problema. Asimismo, se cuenta con el Protocolo Alba para atender la búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y diversos programas que operan a nivel estatal y municipal para, en teoría, prevenir y erradicar el feminicidio en cualquier etapa de la vida.
La realidad es muy distinta: todos los protocolos operan de una forma desarticulada, sin perspectiva de género y en algunos estados de la República ni siquiera se llevan a cabo.
A partir del 1 de diciembre de 2018, que entró en funciones el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) y hasta el 31 de diciembre del año 2020, se registraron 162 feminicidios de menores de los 0 a los 17 años, en todo el país. Los estados que concentran la mayor incidencia de este delito son Estado de México, con 38 feminicidios; Veracruz, con 17; Puebla, con 13; Chiapas, con 10; Jalisco, con 8 y en la Ciudad de México se registraron 5 casos, según el monitoreo de feminicidios de menores de edad.
Feminicidio por infantil y adolescente por estado
Niñas y adolescentes asesinadas de diciembre 2018 a diciembre 2020
En la primera etapa de la vida, las edades en las que se cometen más feminicidios infantiles son los 2 años de edad. En la etapa de la adolescencia, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de los 10 años, se encontró que la edad en la que más asesinan a las mujeres es a los 16 años; las siguientes edades son los 17, 15, 14, 12 y 13 años. Este monitoreo visibiliza las distintas formas de agresión perpetradas contra las niñas y adolescentes. Según los reportes de los medios de comunicación monitoreados, las más frecuentes fueron: disparos (20), violación (20) y estrangulamiento (17).
Feminicidio por edades
Niñas y adolescentes asesinadas de diciembre 2018 a diciembre 2020
Los espacios en los que con más frecuencia se encuentra el cuerpo de alguna menor de edad son sus hogares, en la calle, en un lote baldío, así como en brechas o a la orilla de la carretera. Acerca de las formas en las que el feminicida comete el delito, se halló que implican en su mayoría una agresión sexual. Se identificaron distintos patrones de violencia, pero los que predominaron fueron la violación y la estrangulación, en el que asfixiar a la víctima ocasionó el fallecimiento. Otras formas de violencia fueron disparos, apuñalamiento, calcinación, violación, golpes, tortura y degollamiento.
Lugar de hallazgo del cuerpo
Niñas y adolescentes asesinadas de diciembre 2018 a diciembre 2020
Tipo de delito
Niñas y adolescentes asesinadas de diciembre 2018 a diciembre 2020
La relación por parentesco entre la menor y el feminicida, con mayor frecuencia, son un conocido, padrastro, pareja, expareja y padre. En algunas ocasiones un conocido, entendido como alguien cercano a la familia o al espacio físico próximo a su casa o una persona que tenían poco tiempo de conocer.
Parentezco con el feminicida
Niñas y adolescentes asesinadas de diciembre 2018 a diciembre 2020
Los anteriores son algunos de los elementos presentes en los feminicidios de menores de edad reportados por medios de comunicación, en varios estados de la República Mexicana. En el discurso oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado de garantizar que los feminicidios y violencia en contra de las mujeres serán la prioridad, que no será un gobierno machista y que no habrá impunidad; a, en distintas ocasiones, lucir molesto por la insistencia de medios de comunicación de cuestionarlo con respecto al tema, así como emitir un doble discurso sobre el movimiento feminista en México, responsabilizando al neoliberalismo.
Por ejemplo, el 12 de febrero de 2020, al informar de los premios de la rifa del avión presidencial, fue cuestionado respecto a la propuesta de la Fiscalía General de la República para desaparecer el feminicidio del Código Penal. Contestó: “me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa”.
“Por lo menos, Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente. Ya sabíamos que los temas de género, de feminismo, de mujeres, no estaban en su agenda y lo ha demostrado con creces, y eso de verdad, es muy penoso, porque una sociedad que estaba esperando cambios importantes, al menos en esa materia, él ha sido profundamente conservador”,
Martha Patricia Castañeda Salgado, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Integrante del Programa de Investigación Feminista.
El 14 de junio del 2012, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la incorporación en el Código Penal Federal del delito de Feminicidio en el artículo 325, el cual detalla que se tipifica como tal cuando “la víctima presente signos de violencia sexual; que tenga lesiones o mutilaciones; que haya antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar por parte del sospechoso; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el sospechoso; que la víctima haya sido incomunicada; que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público”.
La ley contempla de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa por el delito de feminicidio. Y cuando la víctima sea una menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad: de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a 5 mil días de multa. “La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición”.
Hasta aquí, la sentencia es clara. Pero para los Ministerios Públicos, la línea entre feminicidio de menores de edad y otros delitos es muy delgada. Las autoridades a cargo de tipificar el delito de feminicidio en los crímenes contra niñas y adolescentes se encuentran con otra tipificación: el homicidio en razón del parentesco (conocido como infanticidio), contemplado en el Código Penal Federal (artículo 323), el cual contempla una condena en prisión de 10 a 40 años. Además, está el crimen de homicidio doloso.
Cuando ocurre el asesinato de una mujer, todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben contemplar el feminicidio como la primera línea de investigación, pues de esto depende también la sentencia que se dicte al culpable.
...muchas veces, esas condiciones cuando llegan a ser consideradas feminicidio para la niñas es cuando se presenta una situación sumamente extrema, y si no hay violencia sexual no se considera feminicidio...
Al respecto, Patricia Castañeda confirma que en el caso de los feminicidios contra menores de edad hay una dificultad para que desde el Ministerio Público hasta los jueces admitan que se trata de un feminicidio y no un infanticidio: “ahí tienes una competencia entre tipificaciones de delitos que son muy delicadas. Porque en el feminicidio ya ha habido acuerdos en relación con cómo identificarlos y cuáles son los casos. Primero, se supone que por ley, cualquier homicidio doloso de una mujer primero tiene que ser investigado como feminicidio y hasta que se descarta esa posibilidad se puede pasar a otras posibilidades”.
Advierte Patricia Castañeda que en el caso de las niñas la tipificación se complica, pues tienen que estar presentes todas las características que se describen en la tipificación del feminicidio: “y, muchas veces, esas condiciones cuando llegan a ser consideradas feminicidio para la niñas es cuando se presenta una situación sumamente extrema, y si no hay violencia sexual no se considera feminicidio, a pesar de que podemos saber que las niñas pueden ser abusadas sexualmente de muchas maneras y no solamente por penetración”.
En el caso de Alexandra de 15 años, quien vivía en el Estado de México, relata su hermana Rocío que los peritos reportaron que el cuerpo fue encontrado con saña, intentaron quemarla, y la torturaron por horas. Desapareció desde las 8 de la noche del viernes y murió alrededor de las 5 de la mañana del sábado 13 de julio; pero, de acuerdo con notas periodísticas, los peritos acudieron al lugar 15 horas después para revisar la zona e ir por el cuerpo de Alexandra.
“El mismo día que fuimos a hacer el reconocimiento del cuerpo, el forense nos dijo que la autopsia había arrojado ciertos resultados y al mes siguiente el Fiscal que nos asignaron refirió algo totalmente diferente”
relata Rocío, quien solo quiso volver a ver el rostro de su hermana, porque sabía el estado en el que se encontraba el cuerpo de Alexandra.
En barrancos, cisternas de agua, canales de agua sucia o en lotes baldíos, los feminicidas arrojan el cuerpo de las menores. Este acto se describe como la basurización del cuerpo.
“Esto hay que visibilizarlo, porque si queremos desestructurar una sociedad patriarcal y machista tenemos que comenzar por ahí por la sexualización, la objetivización que se hace del cuerpo de las mujeres. Por eso es que son asesinadas, porque alguien les hace creer a los feminicidas que pueden usar y desusar el cuerpo de una mujer. Todo esto tiene que ver con una cuestión sociocultural, es un tema de machismo y de misoginia aprehendida”, asegura la Doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien tiene una trayectoria de más de dos décadas de lucha por los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. Actualmente trabaja para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), desde donde ha impulsado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en Jalisco y es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“En los últimos años, y lo tengo documentado, ha habido un incremento en las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres que son asesinadas, es decir, ahora no se trata solamente de privarlas de la vida sino que, como lo dice Rita Laura Segato, además nos quieren enviar el mensaje a todas las demás, las que estamos vivas. Cuando yo empecé a llevar estos registros en realidad eran muy pocos, pero en los últimos años esto se desvaneció, ya no hay líneas o fronteras entre las etapas de la vida en las que se asesina a una mujer”.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, quien es el encargado de las estadísticas de este y otros delitos con base en la información que les brindan las autoridades municipales y estatales, han reportado un incremento de casos a nivel nacional en los últimos años. En 2015, hubo 415 feminicidios; en 2016, 605; en 2017, 742; en 2018, 893; en 2019, 942 y en el año 2020, 940 mujeres asesinadas con esa saña que es característica de un feminicidio.
Urgente cambiar las formas con las que se ha intentado combatir el feminicidio
La Presidencia designó a la Secretaría de Gobernación como la encargada, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de crear mecanismos y políticas públicas para prevenir y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer, como el feminicidio, que es el punto más álgido de estas violencias. Además de la Conavim, existen otras 12 instituciones y Secretarías que según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se articulan entre sí para dar solución a una problemática que aumenta en México.
En el discurso oficial se anuncian políticas públicas que, en la realidad, solo son programas fragmentados. Por lo tanto, las políticas públicas no existen, tal y como señala y ejemplifica la directora de CLADEM en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, “Justamente lo que ha faltado es política pública: no hay, no existe. Hay una gran confusión con eso, porque lo que generan son programas, acciones que además no están vinculadas entre sí y están totalmente aisladas en los niveles de gobierno. Cada quien lo hace como le da la gana, cada quien tiene sus propias estructuras de atención y muchas veces estas estructuras lo único que hacen es perpetuar formas simbólicas de ejercicios de violencia también institucionales”.
Relata que un buen ejemplo de política pública en México fue en los años 70 el control natal: “Una familia pequeña vive mejor”, era la campaña del Gobierno Federal. “Se logró reducir en una década la cantidad de hijos que tenían las familias y en todos los niveles de gobierno se promovió: en todo el sistema de salud y de educación. Entonces, si se hiciera algo así de trascendente y estructural…” y asegura que tienen que cambiar las formas en las que, hasta ahora, se ha intentado combatir el feminicidio, por lo que debe existir una política pública que trascienda, que sea estructural y sistémica.
Al respecto, la investigadora de la UNAM, Patricia Castañeda, afirma que existe un enorme desfase entre el diseño de políticas públicas y su puesta en operación. “Hay una política que deriva del cumplimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y que atañe a todas las Secretarías de Estado, pero en la medida en que esas políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia se han ido parcializando y se han ido aplicando solamente en ciertas instituciones, bajo ciertos lineamientos y con un presupuesto muy reducido, pues realmente no alcanzan a ser suficientes”. Con respecto a los feminicidios de menores de edad, enfatiza que las niñas están más desprotegidas a pesar de que hay leyes y la misma Constitución Mexicana debería protegerlas.
Impunidad
En el caso de Alexandra de 15 años, en el Estado de México, de acuerdo con la entrevista que concedió su hermana Rocío, los primeros dos meses después del feminicidio, la Fiscalía de Barrientos estuvo preguntando y entrevistando al círculo cercano de Alexandra y mantenía informada a la familia, aunque nunca les dieron acceso a la carpeta de investigación.
Las autoridades se comprometieron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para determinar la ruta que Alexandra habría recorrido el viernes 12 de julio de 2019; en ese momento la investigación paró o, por lo menos, la familia no volvió a saber de ningún avance o pista.
En varias ocasiones, la última a finales de 2019, Rocío fue a las oficinas de la Fiscalía para dar seguimiento al caso de su hermana o buscar que le dieran acceso a la carpeta de investigación: no obtuvo respuesta. A más de un año del feminicidio de Alexandra éste ha quedado impune: las autoridades dejaron de investigar.
Al no existir ningún detenido ni sospechoso, a la familia le dio miedo que quien o quienes asesinaron a Alexandra supieran en dónde vivían y decidieron cambiar de residencia. Compañeras y colectivas feministas como Sandra Soto, integrantes de Los Machos Nos Matan en México han acompañado a la familia con asesoría psicológica y legal para presionar a las autoridades a retomar la investigación, que hasta el momento está detenida.
La palabra clave es impunidad. Guadalupe Ramos Ponce considera que es la impunidad lo que permite e incluso promueve los feminicidios por el mensaje que se envía de que es permisible y afirma que los feminicidas lo saben.
Por su parte, María Luz Estrada Mendoza, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, considera que un tema central es la justicia, “ahorita los gobiernos tendrían que estar revisando sus rutas de acceso a la justicia para las víctimas porque las mujeres al ser agredidas o vivir una tentativa, y la autoridad ya sea ministerial o judicial, desestima esa violencia y acaba en un feminicidio”.
Manifiesta también que se tienen que revisar los peritajes, porque son fundamentales para la vinculación a proceso de los asesinos y si las necropsias están mal hechas son un obstáculo que se convierte en fracaso.
“Por ejemplo, cuando el forense determinó un suicidio y no describe todas las lesiones que están en un cuerpo para tipicarlo como un feminicidio. Se debe describir, porque una de las circunstancias son las lesiones, porque ahí se ve el abuso y la saña. Por lo regular en los asesinatos de mujeres puedes ver la brutalidad. La saña es una conducta por odio”
Luz Estrada
Las integrantes del OCNF reprochan que los gobiernos hagan politiquería, pues “cada vez los contextos de violencia son más complejos para entender cuáles son todos estos factores que refuerzan una cultura machista”. Así como aquellos factores que abonan para que se esté recrudeciendo la violencia contra las mujeres: “… y en dónde la violencia institucional de lo que hacen las autoridades genera que esto se siga incrementando con su inacción, con no investigar por falta de perspectiva de género. Son gobiernos machistas”, concluye.
*NOTA
Información retomada del monitoreo de medios que se realiza para este proyecto y que se pude visualizar en este mapa.